¡Qué pasa aquí?, -pregunté-. Y las versiones se dispararon. ¡Es la guerra¡ ¡Más madera¡  gritarían los hermanos Marx. Alguien se ofrece a facilitarme información caliente. Y así, me entero de que el último enterramiento –el de Carmen Navarro, 83 años- ha colmado el vaso de la convivencia. Descerrajaron las cadenas y el candado del antiguo  camposanto y, con la policía benevolente, irrumpieron  en el panteón familiar. Una illescana de toda la vida que asistió al sepelio, rememora que “hemos entrado en el cementerio y le hemos dado sepultura a Carmen, como Dios manda”. Y añade: “No he visto nunca en mi vida cantar una Salve a la Virgen de la Caridad, con tanto sentimiento y fervor, pensando en lo que decíamos, con el corazón –y yo diría más- con las entrañas”.      Ahora, la policía ha identificado a los doce alborotadores que asaltaron a patadas el recinto. El problema es, según los vecinos, que no hay decreto municipal de cierre del cementerio. El ambiente político se ha encanallado. En la diana del cabreo, el alcalde socialista José Manuel Tofiño. El malestar ciudadano proviene no tanto del cierre como del traslado de los restos, que a decir de algunos vecinos, se han realizado con menos garantías que los del “Yak-42”. Un escándalo. Me temo que el primer edil, a la sazón presidente de la Diputación Provincial de Toledo tiene un problema de comunicación. Y otro de estrategia. El Ayuntamiento se ha personado (con dolor) como parte en la tramitación judicial contra las personas implicadas en el incidente.    

   Los agentes que se inhibieron alegando que “eran vecinos del pueblo y no era cuestión de que haya más enfrentamientos ni más guerras” tenían que saber que nadie está por encima de la ley. Tofiño ha lamentado que  “algunos utilicen a los muertos para hacer política”. Ha gestionado mal los tiempos. No ha tenido en cuenta las 4000 firmas aconsejándole ‘parar’ las exhumaciones.  Muchos vecinos se sienten engañados y estafados.  Y los plenos se calientan. Falta cordura y humildad.

    Paradójicamente, en este país nuestro cada vez más agnóstico y descreído, la muerte representa el máximo respeto al que se va y la solidaridad temporal con los deudos. Ya no se llora como antes, es verdad, pero aquí nadie deja que entierren a sus muertos en soledad. El alcalde tiene buenos argumentos pero no puede luchar contra los ‘sentires’ vecinales de doña Carmen Navarro. Ella vivió y murió en comunidad, no en un tanatorio funcional y metropolitano. En nuestros pueblos, los muertos, todavía, son de todos. Por eso, en las lápidas no se leerán nunca epitafios como el Groucho: “perdonen, que no me levante”. Las creencias sobreviven a la política. Y las elecciones, señor alcalde, -recuérdelo  usted y recuérdelo a otros-  están ahí, en las antípodas del calendario.

 Las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico son más profundas que el triángulo de las Bermudas. Escucho a la ministra de Consumo en sede parlamentaria y me malicio. La competencia es de las Comunidades Autónomas. Pero, eso sí, no tienen medios para controlar estas instituciones de bienes tangibles. Los informes de la Agencia Tributaria se conocían desde hace tiempo pero no pueden utilizarse para ‘destapar’ el asunto porque crearían alarma social. El consumidor que invierte en ‘bienes tangibles’ (estampitas) no adquiere una acción o una participación como el que compra acciones de Telefónica, por ejemplo.    

No habrá, pues, fondo de garantía porque estos chiringuitos financieros no son instituciones de inversión colectiva. Siguiendo el razonamiento, la ministra Elena Salgado argumenta que “establecer  un fondo de estas características obligaría  a la creación de un fondo de garantía para cualquier actividad económica”. Así es que, desde la simpatía y consideración con los afectados, la ministra se comprometió a incrementar la transparencia, la supervisión y el control; y ha hacer que las garantías que ahora son voluntarias, como los seguros de caución, se conviertan en obligatorias.    

Dejó entrever en su comparecencia que ‘a lo mejor’ el Gobierno adelantaría parte del dinero intangible y evaporado a los ahorradores modestos, a cuenta, naturalmente, de las sentencias de los tribunales. El proceso, complejo, podría extenderse hasta la próxima década. Por tanto, ni habrá justicia, ni será rápida. La tragedia humana se amplía a los 88 trabajadores de Afinsa y Forum y a los más de tres mil trabajadores con contrato mercantil que trabajaban como comisionistas y que se han quedado en el paro sin derecho al seguro de desempleo. Pero lo que más cabrea a los congregados en las inmediaciones de la Puerta de Sol es que los presuntos culpables ya están en la calle.